Al final de un pacto entre caballeros, las manos estrechadas simbolizan una muestra irrefutable de la satisfacción por el compromiso asumido. Ayer, esa imagen nunca pudo ser registrada por las cámaras. Sencillamente, porque no hubo tal final en el conflicto que dejó las calles tucumanas vacías de policías durante 48 horas.
Cuando a las 12.48 se abrieron las puertas del Ministerio de Economía, los referentes de los policías en rebeldía y los ministros Jorge Jiménez (Economía) y Mario López Herrera (Seguridad) aún firmaban el acta acuerdo. Un silencio que sólo fue roto por la ansiedad periodística obligó a las partes a pronunciar las palabras de rigor.
Sin soltar una sola muestra de distensión, Jiménez agradeció en nombre del gobernador, José Alperovich, la buena voluntad de los agentes para terminar con la huelga, y adelantó que con la firma del convenio se abría una etapa de diálogo. En ese momento, y casi sin dejar lugar para la inquisitoria periodística, uno de los uniformados levantó la voz para devolver gentilezas al Poder Ejecutivo. Desde la otra punta de la mesa, el oficial agradeció al ministro por haber abierto las puertas de su despacho a los representantes de la fuerza de seguridad.
A partir de ahí, se sucedieron los gritos y el desorden. Mientras una secretaria repartía copias del acta rubricada a los periodistas, Jiménez aprovechaba que una maraña de micrófonos acorralaba a López Herrera para escabullirse por una puerta lateral. Los referentes de los trabajadores, apurados, hacían fila para salir, de a uno, por la puerta principal del Ministerio.
Prácticamente sin escapatoria, el ministro de Seguridad pasó en limpio el acuerdo alcanzado. Insistió, básicamente, en que se trató de un reclamo salarial y no de un planteo respecto de las condiciones laborales del personal policial.
El consenso
El convenio consta de siete puntos. El primero da cuenta de que el personal transitorio que actualmente presta servicios en la Policía y en el Servicio Penitenciario pasará a la planta permanente del Estado sin alteración del actual cargo que ostente. Sin embargo, el documento no habla de plazos, sino de que la titularización se instrumentará cuando cada interesado cumpla con el trámite correspondiente.
En cuanto a lo estrictamente salarial, el acuerdo contempla el blanqueo de algunos ítems que conforman la boleta de sueldo de los policías, que llevará de $ 800 a $ 1.950 el monto de la Asignación por Grado del cargo testigo (agente). La medida se aplicará retroactiva a marzo, según el convenio, y pese a que los manifestantes exigían un "básico" de $ 2.500.
El punto que mayor tensión generó entre las partes fue el referido a los sumarios administrativos iniciados por las autoridades contra los manifestantes. Para zanjar la disputa, el Gobierno accedió por escrito a cesar de inmediato cualquier medida que implique un obstáculo para el trabajo policial, a la vez que se comprometió a suspender las actuaciones iniciadas y a no empezar nuevas medidas disciplinarias contra los revoltosos.
Luego de negar que el conflicto haya hecho tambalear su continuidad al frente del Ministerio de Seguridad, López Herrera abandonó en soledad el despacho de su par de Economía. Casi al mismo tiempo, en los pasillos de la Casa de Gobierno los referentes de los policías anticipaban el regreso inmediato a las tareas, entre arengas de los dirigentes gremiales de ATE que aguardaban en la puerta del Ministerio de Gobierno. Unos minutos después, ya en calle Italia al 2.600, el sonido de las sirenas de los patrulleros y los aplausos de los cientos de agentes apostados frente a la Jefatura cerraban dos días de extenuantes negociaciones.